Empleo Público al servicio de la ciudadanía
Contexto del anteproyecto de modernización al empleo público
Antecedentes
Esta propuesta tiene como alcance el gobierno central, es decir, los ministerios y servicios públicos. En septiembre de 2020 (última información disponible), 420.018 personas trabajaban en el gobierno central: de ellas, 225.617 personas corresponden a personal a “contrata” (54%); 93.092 a personal de “planta” (22%); 46.655 a honorarios (11%) y 54.654 a otras modalidades (13%). Cabe señalar que esta propuesta no considera a los funcionarios municipales, de empresas estatales, ni Fuerzas Armadas y de Orden.
Si bien el Estatuto Administrativo (1989) sitúa al empleo de “planta” como el principal del sector público, esto hoy no corresponde a la realidad. Mientras en el año 1995 por cada persona a contrata había tres de planta, en el año 2020 la relación se invierte: por cada 2,4 personas a contrata hay una de planta.
Personal por tipo de relación laboral
Los hechos acontecidos en Chile a partir de octubre de 2019 y la pandemia generada por el COVID-19 que actualmente afecta al mundo, han relevado la importancia de una profunda y urgente “reforma del Estado”. En la discusión pública prevalece la crisis de confianza de las personas con sus instituciones, la calidad de la atención y la dignidad del trato entregado por el Estado a la ciudadanía.
Fundamentos
La reforma al empleo público es un compromiso presidencial contenido en el programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y fue luego refrendado en la “Agenda de Modernización del Estado” que hizo pública el el 25 de julio de 2019.
La Agenda de Modernización del Estado tiene por propósito de “hacerle la vida más fácil a las personas” y priorizar las transformaciones que en el largo plazo permitan al Estado de Chile dar un salto cualitativo y sostenido, donde la igualdad de trato y la dignidad de la ciudadanía estén en el centro.
Al mismo tiempo, se institucionalizó una arquitectura robusta para darle continuidad a esta agenda, creando:
Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado
asesora al Presidente en materias de reforma al Estado
responsable de implementar las iniciativas
Lineamientos de trabajo para un nuevo empleo público
Este anteproyecto para construir un empleo público al servicio de la ciudadanía, se sustenta en el fundamental aporte realizado por cuatro centros de estudio – Centro de Estudios Públicos (CEP), Chile 21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo-, que en enero de 2019 presentaron el informe “Gestión de Personas en el Estado”, con propuestas concretas para modernizar el empleo público. Dicho informe resalta la urgencia y el imperativo moral de avanzar en una reforma significativa al empleo público. Puedes leer el Informe de los Centros de Pensamiento.
Además, este anteproyecto también se sustenta en las recomendaciones del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, que en diciembre de 2019 priorizó la reforma al empleo público como la más relevante de la agenda de modernización.
¿Por qué modernizar el empleo público ahora?
El Estatuto Administrativo data de 1989 y la última reforma relevante al empleo público fue el año 2003, luego de la gran crisis de institucionalidad generada por el caso MOP-GATE. Dicha crisis y el posterior consenso entre oposición y gobierno dieron origen a la ley del nuevo trato laboral que crea el Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública.
Luego de más de 30 años de vigencia del Estatuto Administrativo, tres motivos centrales hacen impostergable y un imperativo ético avanzar en una profunda reforma al empleo público:
- El Estado debe entregar más y mejores servicios a la ciudadanía, y para ello es fundamental seguir avanzando en la profesionalización y meritocracia del sector público.
- Es fundamental que las personas vuelvan a confiar en sus instituciones, y para eso necesitamos que cada peso invertido por los contribuyente se transforme en valor público.
- Debemos terminar con empleos precarios, como los honorarios, generando nuevas reglas del juego con empleos indefinidos e indemnización, y entregando reales oportunidades de desarrollo para las personas.
Los detalles de cada uno de estos motivos se encuentran en la sección Anteproyecto de ley.
Línea de tiempo
1989: Estatuto administrativo
2003: Ley nuevo trato laboral crea Alta Dirección Pública y Servicio Civil
2016: Reforma de la Alta Dirección Pública
2017, octubre: Programa de Gobierno incluye reforma al empleo público
2018, diciembre: 4 centros de estudio hacen propuesta transversal sobre Personas en el Estado
2019, junio: Presidente presenta agenda de modernización con Personas en el Estado como pilar
2019, diciembre: Consejo Asesor Permanente prioriza la reforma al empleo público como la más importante de todas
2020, enero: primera encuesta nacional a funcionarios/as públicos realizada por Servicio Civil, University College London y Universidad de Chile
2021, enero: Consulta ciudadana al anteproyecto de modernización del empleo público
Beneficios
Beneficios para los ciudadanos
- Mejora la calidad y oportunidad de atención del Estado a la ciudadanía promoviendo el desarrollo de los/las funcionarios/as públicos/as de acuerdo a sus méritos y talentos.
- Más confianza de la ciudadanía en sus instituciones, al hacer más exigente el ingreso al Estado a través del fortalecimiento de procesos meritocráticos como regla general y supervisados por Servicio Civil.
- Limita la discrecionalidad política al acotar los funcionarios de confianza de la autoridad democráticamente elegida, y la inmensa mayoría de funcionarios/as de Estado, no sujetos a los vaivenes de la política y los gobiernos de turno.
- Un Estado más cercano y eficiente, con una atención más integral y con el foco puesto en el ciudadano,que considere su satisfacción como usuario de los servicios públicos.
Beneficios para los funcionarios públicos
- Termina con la precarización del empleo público, generando reglas claras para el empleo hasta ahora no regulado a "contrata" y "honorarios", mayoritarios en el sector público.
- Genera reales oportunidades de desarrollo, al promover mecanismos activos de movilidad horizontal, calidad de la capacitación y reconocer los años de servicio en el traspaso a otras instituciones del Estado.
- Entrega la oportunidad de teletrabajar, en forma segura, planificada y voluntaria, respetando el derecho a desconexión y adaptando así el trabajo público a los cambios de la 4ta revolución industrial.
Este texto es un resumen del documento Minuta de posición, disponible en Anteproyecto de ley en la sección Propuestas.
